En el año 1838, la hacienda de Andrés de Vizcarrondo y Ortiz de Zarate fue el lugar de la planificación de una insurrección contra el gobierno colonial de España en la isla de Puerto Rico. La hacienda se encontraba en Trujillo Bajo; hoy en día parte del municipio de Carolina.
Hermano de don Lorenzo de Vizcarrondo y Ortiz de Zarate, fundador y primer Alcalde del municipio de Carolina que sería fundada como municipio en 1857; esta insurrección ocurriría 30 años antes del Grito de Lares.
Nacido en San Juan en 1804, Andrés provenía de una familia que se caracterizó por su defensa de la justicia y de la libertad. Su familia gozaba de una alta posición social y altos rangos militares en las filas españolas. Entre estos se puede mencionar a su padre don Andrés Cayetano de Vizcarrondo y Martínez, Coronel del Real Cuerpo de Artillería; su hermano, Lorenzo de Vizcarrondo, Capitán de Infantería, y él mismo Andrés, quien había sido Oficial Escribiente Meritorio del Real Cuerpo de Artillería. Es precisamente en este vínculo de amistad y confianza con la oficialidad militar donde Andrés Vizcarrondo encontró un recurso de importancia en la concreción de sus ideales. Cualquier lucha de independencia contra de las fuerzas militares españolas necesitaría contar con el apoyo de los miembros del mismo ejército.
En los preparativos para el golpe revolucionario, Andrés había tomado el liderato de la coordinación de la combinación de apoyo en las guarniciones militares de los castillos del Morro y San Cristóbal, con el grueso de las fuerzas revolucionarias. Se esperaba que estas últimas partieran de la hacienda del prócer, en las inmediaciones del municipio Carolina, para luego de concentrarse marchar bajo su mando hasta la capital.
En América Latina, los movimientos de independencia contra el dominio colonial español se comenzaron a concretar a partir de 1808, luego de que España callera bajo el poder del emperador francés Napoleón Bonaparte. Las luchas inicialmente por vías diplomáticas y políticas, desembocaron eventualmente en luchas armadas por los dominios americanos en el Virreinato de Nueva España (hoy en día México y Centro América) y el Virreinato de Nueva Granada (en el territorio de lo que hoy es Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador), del Perú y del Río de la Plata. Lucha dirigida inicialmente a aumentar la participación de los criollos en los cuerpos políticos y procesos económicos, pero que una década después desembocaría en la independencia política de las provincias de estos virreinatos.
Puerto Rico quedó fuera de este movimiento independentista latinoamericano. Esto por sus pobres condiciones económicas y políticas. A pesar que se ha documentado el interés de Simón Bolívar en incluir a Puerto Rico en los procesos de liberación de América Latina. Sin embargo, fue en el contexto de la Primera Guerra Carlista durante el periodo entre 1833 y 1840 (conflicto entre los herederos de la corona de la casa de los Borbones) que el joven movimiento independentista de Puerto Rico encontró su oportunidad.
En el contexto de la Primera Guerra Carlista, las Cortes Españolas habían decretado en el año de 1837 que la Constitución de Cádiz sería restaurada en la Metrópoli. Esta había sido promulgada originalmente en 1812 en el contexto de la invasión napoleónica y disponía unas reformas políticas y económicas de carácter liberal. Sin embargo, en esta ocasión dispusieron que estas reformas constitucionales españolas no se extenderían a sus colonias en las Antillas Españolas de Cuba y Puerto Rico, ni a Filipinas. Eliminando la representación de nuestro pueblo en el Parlamento español.
En el libro “Historia de la insurrección de Lares” (1872), el autor José Pérez Moris recogió algunos antecedentes sobre lo que fueron las conspiraciones e insurrecciones contra el dominio colonial español antes del famoso Grito de Lares (1868). En la conspiración de 1838, Pérez identificaba entre “los principales instigadores del proyecto de revolución” a los hermanos Andrés, Lorenzo (capitán de infantería) y Juan Vizcarrondo, su cuñado Buenaventura Valentín Quiñones y el capitán Pablo Andino.
Debido a que el plan de sublevación de julio de 1838 fue delatado por Juan Almansa, un informante dentro de las fuerzas militares, el gobernador Miguel López de Baños nombró fiscal a José María Ramírez para que se comenzara la detención y el proceso judicial contra los conspiradores independentistas, antes de estos poner en marcha su plan revolucionario.
Al diligenciarse la orden de arresto, no pudieron localizar a Andrés ni a su hermano Juan, pues estos burlaron la vigilancia, trasladándose luego a Venezuela. Don Buenaventura Valentín Quiñones, quien había sido detenido y encarcelado en el Castillo del Morro había aparecido ahorcado en su celda en la mañana del 14 de agosto de 1838.
El proceso se elevó al Tribunal Supremo de Guerra y Marina. Las acusaciones serían por los delitos de “proyecto de sedición y conspiración para atentar contra los derechos del Trono, contra la seguridad de la Plaza, jefes y habitantes de ella”.
Algunas de las Sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de Guerra y Marina en julio de 1840 a consecuencia de las acusaciones de julio de 1838 serían:
A base de una amnistía política, el Gobierno indultó a don Andrés Salvador y a don Juan Vizcarrondo. Después de los sucesos de 1838, don Andrés Salvador vivió largos años en Venezuela. Aun así mantuvo su vínculo, ya de forma más indirecta, con otros procesos de liberación en Puerto Rico como los habidos en 1855 con la insurrección en los Cuerpos de Artillería, así como el mismo Grito de Lares en 1868.
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